Luego de haber atravesado
poco más del primer semestre de la asunción de las Juntas Comunales en nuestra
Ciudad, se puede comenzar a realizar algunas consideraciones en cuanto a su
¿funcionamiento?
Desde el inicio los nuevos
cuerpos colegiados encontraron limitaciones de origen como fue la temprana
creación de las denominadas Unidades de Atención Ciudadana (UAC) que
aglutinaron la mayoría de los trámites y cuestiones administrativas de los
antiguos Centros de Gestión y Participación Ciudadana (CGPC) licuándole de
poder desde el arranque de la nueva modalidad.
La otra variable obstructiva,
y la principal en términos de gestión real, fue la desfinanciación de las
Juntas, lo que no les permite tener los recursos necesarios para la tarea
cotidiana y la postergación de la afectación del presupuesto en forma
descentralizada en cada una de las Comunas en las que se dividió la Ciudad. Si en muchos
casos no se contó siquiera con dinero para útiles de librería, que se podía
esperar para la ejecución concreta de acciones en los territorios para mejorar
la vida de los vecinos a quienes representan los comuneros.
Pero también se debe rescatar
algunos aspectos para no tornar tan agorero el panorama, aunque la dimensión de
los mismos no guarde relación con las expectativas fundadas o no, que se tenían
previamente de la nueva etapa institucional del proceso de descentralización
porteño.
La concurrencia de vecinos en
organizaciones comunitarias o a título personal con todo el bagaje de
iniciativas, reclamos y participación desplegado en los distintos Consejos
Consultivos es una primera variable positiva a colocar en la construcción del
embrionario balance de ¿gestión? del proceso de implementación de las Comunas.
Por otro lado la aparición de propuestas legislativas que comienzan a tener en
cuenta su existencia y opinión; pueden constituir el comienzo del cambio
necesario y deseable.
En este sentido se puede
tomar como un síntoma de esta tendencia los proyectos de María Elena Naddeo (Frente
Progresista y Popular) y José Luis Acevedo (PRO), que a pesar de contener
posturas ideológicas opuestas y más allá de los aspectos a debatir en sus
contenidos; consideran o incluyen a los nuevos actores políticos-administrativos en cuestiones vinculadas a la gestión de la cosa pública de nuestra Ciudad.
En el primer caso al
solicitarle a las Juntas Comunales y Consejos Consultivos opinión sobre la
utilización social de inmuebles ociosos o desocupados en materia de actividades
educativas, sanitarias, culturales, o de recreación en orden a las necesidades
manifiestas o relevadas en cada Comuna. En la otra iniciativa se contempla la
confección de un informe vinculante de las unidades de gestión
político-administrativas sobre la concesión de módulos de servicios sanitarios,
estaciones de vida saludable y sectores de expendio de alimentos y bebidas en
espacios verdes públicos de gran porte.
Como todo proceso de cambio,
conviven marchas y contramarchas; luces y sombras; pero frente a la inercia o
boicot de funcionarios y legisladores de turno, la constancia y la voluntad de
vecinos, ongs, y medios de comunicación social pueden transformarse quizás en
garantes de futuras acciones en la materia.
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