Economía informal en la Ciudad de Buenos Aires

Asambleas y fogatas en las esquinas, dirigentes políticos tras vallas y vidrios polarizados y un clamor sintetizado en la frase que se vayan todos, eran los signos más elocuentes de aquéllas tórridas jornadas de fines del 2001, que sepultaron las ilusiones colectivas despertadas por la Alianza entre la UCR y el FREPASO.
En medio de esa Argentina en llamas, la ciudad de Buenos Aires comenzaba a descubrir expresiones de una suerte de economía informal, a veces prohijada por el estado, otras resignadamente aceptadas por la propia lógica de una realidad desbocada e impredecible.
Algunas experiencias no sobrevivieron en el tiempo, como los clubes de trueques, pero otras como las cooperativas de trabajo, las organizaciones embrionarias de cartoneros y una parte de los beneficiarios de planes sociales empezaron a ser protagonistas de innovadoras respuestas a las demandas de una hora de profunda crisis.
El escenario estaba desplegado ante la mirada atónita del resto de la sociedad y el estado. Los instrumentos de una deteriorada democracia vernácula se las ingenió para cimentar las bases de un nuevo marco jurídico acorde al carácter extraordinario de la ocasión.
La legislatura local mediante la Ley 992/02 incorporó a los recuperadores urbanos (cartoneros) a la recolección diferenciada de residuos, con la 1529/04 declaró la expropiación de inmuebles de empresas quebradas para sus trabajadores, y finalmente con la 2070/06 asimiló al régimen de empleo público a más de 3000 ex beneficiarios del plan jefes/as de hogar.
Sin embargo, los aparentes avances resultaron reacciones espasmódicas e incompletas que hoy reparten más dudas que certezas ante el recambio institucional de diciembre próximo.
Todavía retumban para algunos las declaraciones públicas de Mauricio Macri en el 2003, cuando caracterizó a los cartoneros como delincuentes por robar basura privada.
“Nuestra organización tiene firmado un Convenio con el Gobierno para administrar la primera planta separadora de materiales reciclables por cuatro años”, aclaró recientemente Francisco Monzón de la Cooperativa Ecológica de Recicladores del Bajo Flores (CERBAF).
Durante el desarrollo del Primer Foro y Congreso Internacional de Políticas de Reciclado Urbano en grandes urbes, Monzón mostró preocupación por los infructuosos intentos de hallar un interlocutor en las filas de Compromiso para el Cambio para abordar la problemática en cuestión.
En tanto la ley promovida por el entonces Movimiento de Empresas Recuperadas corre serio peligro por no haber sido reglamentada hasta el momento. En agosto del 2008 perdería estado parlamentario de persistir la actual inercia.
Hugo Fusek, presidente de la Cooperativa de Trabajo Viniplast, indica que todavía el Ministerio de Producción de la Ciudad no ha pagado las expropiaciones de las 13 empresas incluidas en la norma.
“Seguiremos luchando para que este mes se incorpore el tema en el anteproyecto de presupuesto para el 2008”, remarcó Fusek quien mantiene el reclamo de una decidida voluntad política para resolver la cuestión de fondo “que atravesó tanto la gestión de Aníbal Ibarra como la de Jorge Telerman, sin éxito”.
Finalmente, los ex beneficiarios de los planes jefes y jefes de hogar pasaron a engrosar las filas de la administración pública de la ciudad de Buenos Aires, a través del decreto 948, que los convirtió en planta transitoria hasta fin de año.
Pero su deseo de pasar a la planta permanente chocan de bruces con los anuncios del jefe de gobierno electo de reducir la dotación de personal a partir de diciembre próximo.
Rubén Devoto, autor de la ley 2070/06 sostiene que no se pueden vulnerar los derechos adquiridos de quienes “realizaron tareas de la planta permanente en forma gratuita durante cuatro años”. El legislador aseguró también que deberían pasar a esa condición laboral por el esfuerzo realizado por “escasos 250 pesos”.
Las próximas autoridades mantienen un total hermetismo respecto de la evolución de estas cuestiones en el corto plazo. Conscientes de una herencia delicada y una exigente mirada de la sociedad porteña que le otorgó un crédito que no es permanente, quizás esperen los albores del 2008 para decidir el destino de los productos emergentes del estallido social y la inestabilidad política.

Un monumento a la desidia argentina

Sábado a la tarde, los rayos de sol anuncian una incipiente primavera. El punto de partida, el inconfundible Obelisco porteño; el destino final, un inmenso predio de casi 9 hectáreas a tan sólo 15 minutos de auto.
El corto tránsito por la Autopista 25 de Mayo, el paso contiguo a unos conocidos vidrios, telón de fondo de rutinarios noticieros, de un también conocido canal de televisión, y luego de unas cuadras hasta la avenida Juan de Garay, comienza a divisarse el objetivo buscado.
Caóticamente distribuidas, unas improvisadas canchas de fútbol fuerzan la mirada para el seguimiento de las jugadas, en el popularmente conocido campito. Unos metros más adelante, un cerco verde y un cartel apoyado sobre dos postes hechos con troncos delatan una de las atracciones del lugar: Proyecto Huerta Orgánica.
Al doblar por Pichincha, a escasas cuadras de otra emisora de TV, una casi derruida pista vial constituye la cita ideal para mostrar virtudes y magullones sobre dos o cuatro ruedas. Pero en medio de un escenario grato y distendido para el esparcimiento, se cuela la cruda realidad de lo que algunos índices económicos no asumen.
Sobre el alambrado que rodea el circuito, ropa tendida recién lavada. Detrás, bajo el escaso reparo de arbustos que se fueron en vicio y se asemejan a árboles pequeños, hombres, mujeres y niños encuentran su morada temporaria.
Por las noches, siluetas inconfundibles venden sexo a precio de los barrios del sur y hacen sus necesidades donde durante el día transitan cientos de niños sanos y en recuperación provenientes del Hospital y Casa Garrahan.
Es el Parque Vuelta de Obligado, que no es parque, y que de alguna manera representa el monumento a la desidia argentina.
Según pasan los años
Allá por el 1700 en la actual Buenos Aires, las parcelas más alejadas eran otorgadas a las distintas órdenes religiosas. Las 19 hectáreas comprendidas entre las calles Garay, Pichincha, 15 de Noviembre y Combate de los Pozos, fueron cedidas a los betlemitas o barbones que se mantuvieron allí hasta principios de 1800.
En esa época llegaba a la Argentina el naturalista Aimé Bonpland -compañero de ruta y estudios de Alejandro Von Humboldt-, y seducido por el paisaje se estableció en el lugar. Manuel Vila, presidente del Foro de la Memoria de Parque Patricios, revela que a Bonpland lo atrajo un gran ombú, que aún hoy permanece incólume sobre la actual avenida Brasil.
Cuando Bonpland atraviesa problemas económicos, se desprendió de algunas de sus tierras y partió rumbo a Paraguay, y luego de algunos años de abandono del predio, se establecieron distintas construcciones militares. Un Hospital, la sede de Sanidad, y el Regimiento Nº 3 de Infantería y el Arsenal de Artillería Esteban de Luca conformaron la nueva fisonomía del lugar a partir del 1900.
Según rememora el ingeniero Vila, la presencia militar persistió hasta fines de la década del 60, y a principios de los 70, durante el gobierno de Alejandro Lanusse y la intendencia de Saturnino Montero Ruíz, se inauguró el Parque Vuelta de Obligado.
De los fabulosos proyectos de Polideportivos, los vecinos sólo añoran hoy las piletas y los juegos de diseño avanzado que había en su vasta extensión. Fue en otra época militar, la más trágica, cuando el predio pasó a ser propiedad del Ministerio de Justicia y se habló por primera vez de la construcción de una Ciudad Judicial.
En uno de los sectores separados por un vistoso puente peatonal, más cercano a la avenida Caseros, luego se construyó el Hospital Nacional de Pediatría Juan P. Garrahan, que por los avatares de la política recién fue inaugurado tras la restauración democrática.
Las otras 9 hectáreas quedaron en medio de la disputa entre los ministerios de Justicia e Interior, que permitió la llegada de una playa de autos abandonados de la Policía Federal y una pequeña pista de educación vial con edificios en miniatura auspiciada por la empresa OCA.
Finalmente durante la segunda presidencia de Carlos Menem, se abortó el segundo intento de establecer una Ciudad Judicial en la zona y ante el retiro de la Policía, el lugar se deteriora progresivamente hasta convertirse en tierra de nadie, con indigentes, basurales, oferta de sexo y robos recurrentes hasta los primeros años del 2000.
Una fugaz primavera de gestión asociada
A principios de 2002, el entonces director general del entonces CGP Nº 4, Eduardo Sábato, comenzó a tomar contacto con el problema y se transformó de inmediato en el interlocutor ideal para los vecinos de la zona.
“La idea era que la gente frentista propusiera iniciativas para el lugar”, explica el ex funcionario. Y debido a las demandas vecinales, el gobierno de la Ciudad realizó mejoras en el lugar.
“Si bien la titularidad del predio es del Poder Judicial, ante la falta de respuestas el gobierno porteño procedió a nivelar los terrenos, asegurar la limpieza y corte de césped, puso iluminación interna y remozó la pista vial”, recuerda Sábato. Y también rescata la importancia de la participación vecinal en aquella etapa porque, confiesa, “los políticos sólo actuamos bajo presión, sino nos aburguesamos y tomamos café o mate”
Junto a la intervención del estado, los frentistas se fueron organizando en torno a acciones concretas: la Asociación Civil Vuelta de Obligado promovió una Huerta Orgánica Comunitaria y la Asociación Civil Juntos por el Sur, realizó jornadas de educación vial y la instalación de una Feria de Artesanos.
Añorando cuando la participación era más intensa, Nélida Santamaría (Vuelta de Obligado), fogonera de la huerta desde sus comienzos, comenta: “cuando la producción era grande, la donábamos a los comedores comunitarios de la zona”; después revela que se dedicaron a la capacitación de chicos de escuelas primarias con la asistencia técnica del INTA.
Por su parte, Sandra Framarini (Juntos por el Sur), organizadora de la iniciativa con artesanos, explica con mezcla de nostalgia y bronca, el momento cuando por una denuncia anónima fue levantada la feria, que había sido recepcionada con mucho entusiasmo por los vecinos.
“Por internas de los políticos de ese momento, una propuesta que era interesante y que generaba recursos para la gente desocupada del barrio, quedó en la nada”, agrega la decepcionada vecina. Sin embargo los miembros de la Asociación alcanzaron a enseñar durante un tiempo junto a jefes y jefas de hogar educación vial a los chicos de escuelas de la zona.
Una nueva mirada
El cambio de autoridades en el CGP derivó en un progresivo retroceso de los logros alcanzados en la anterior etapa, y a partir de marzo de 2004, los indigentes se establecieron nuevamente en el parque. Así, la oferta de sexo y los problemas de inseguridad se transformaron en moneda corriente.
El robo de la señalización en la pista vial, la rotura del cerco perimetral, y las deficientes condiciones de higiene comenzaron a dificultar el tránsito de los niños y sus familias.
Paradójicamente, mientras la desidia sobrevuela las nueve manzanas en cuestión, en los últimos tiempos, distintos urbanistas encontraron una fuerte potencialidad en el área en cuestión. La cátedra Solsona–Salama de la Facultad de Arquitectura de la UBA presentó en el Centro Cultural Borges la muestra Proyecto Urbano: Area ex Cárcel de Caseros.
Néstor Otero, responsable de la iniciativa, comenta que se hizo una primera aproximación para repensar la zona y convertirla en un gran parque urbano desde la avenida Garay hasta Amancio Alcorta, y desde la avenida Entre Ríos (y su continuación Vélez Sársfield) hasta Pichincha.
La propuesta busca integrar a los establecimientos para la salud de la zona (Garrahan, Muñíz, Malbrán, Udaondo, Cenareso y Aluba), las zonas verdes intermedias y establecer una futura densificación en los bordes de toda el área.
“La desaparición de la cárcel, la inauguración del subte H, la proximidad de la Autopista 25 de Mayo y las amplias avenidas que lo circundan son fundamentales para tener una visión espacial del lugar”, agrega el arquitecto Néstor Otero.
Por su parte, el CGP Comunal Nº 4 y la cátedra de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Belgrano también abordaron la problemática. “Un lugar de tales dimensiones debe contemplar una mixtura entre la escala barrial y la metropolitana”, declara Edgardo Salamano de la UB.
Y en la misma línea de pensamiento afirma: “Quizás la localización de la futura sede comunal junto a otros programas de mayor intensidad podrían revitalizar la zona en cuestión”.
¿La historia vuelve a repetirse?
Luego de haber escuchado tantas consideraciones y al dejar atrás semejante espacio vacío a la deriva, un interrogante martilla el cerebro de cualquier ser pensante.
¿Cómo es posible que cuando es mayor la necesidad de lugares para combatir el estrés típico de las grandes urbes, no se destinen fondos públicos para su puesta en valor y funcionamiento.
Muchas veces el pueblo hizo tronar el escarmiento, basta recordar el 2001. Y la historia suele repetirse. Alguien debiera tomar cartas en el asunto, en tanto los vecinos están sólos y esperan.