Con los últimos suspiros del mes de marzo, un acontecimiento acapararó la opinión pública nacional. Todo comenzó con un enérgico discurso del presidente Néstor Kirchner en la provincia de Córdoba en medio de los actos de repudio a la última dictadura militar del 76.
Allí el mandatario le apuntó a la persistente mora de la Cámara de Casación en las causas vinculadas a violaciones de los derechos humanos durante esa oscura etapa de la vida institucional argentina.
Este instrumento naciod en 1992 como parte de una ambiciosa reforma del sistema penal, nunca pudo cumplir sus objetivos fundacionales y quedó en muchas ocasiones eclipasada por la fuerza y accionar de la Corte Suprema de Justicia.
El embate presidencial contra la citada Cámara, produjo un alineamiento casi automático de gran parte de la corporación jurídica en todos sus andariveles: camaristas de todo el país, representantes de colegios o asociaciones de profesionales y expresiones individuales del establishment del mundo en cuestión.
Incluso la actual composición de la Corte, en donde tuvo mucho que ver Néstor Kirchner, sintió la necesidad de demandar mesura en los dichos para recurrir a la vapuleada fórmula de la defensa de la independencia del Poder Judicial, utilizada por todas las administraciones desde la restauración democrática del 83.
Además de las lógicas reacciones de los protagonistas involucrados, como el presidente de la Cámara cuestionada, Alberto Bisordi, quien es acusado de tener vinculaciones con personajes con alto perfil durante el proceso militar, sectores de la oposición aprovecharon la oportunidad para criticar el supuesto estilo confrontativo del Ejecutivo.
Allí, se anotaron desde Mauricio Macri y Elisa Carrió hasta Roberto Lavagna. Extrañamente el radicalismo, salió a compartir su preocupación por la demora en la resolución de las causas, en voz del presidente de su Comité Nacional, el senador jujeño Gerardo Morales.
Pero la solicitud de una oportuna licencia de Bisordi, en medio de la polémica desatada, generó un replanteo en el centenario partido ante el temor de ser cómplice en maniobras de presión sobre la Justicia.
Allí el mandatario le apuntó a la persistente mora de la Cámara de Casación en las causas vinculadas a violaciones de los derechos humanos durante esa oscura etapa de la vida institucional argentina.
Este instrumento naciod en 1992 como parte de una ambiciosa reforma del sistema penal, nunca pudo cumplir sus objetivos fundacionales y quedó en muchas ocasiones eclipasada por la fuerza y accionar de la Corte Suprema de Justicia.
El embate presidencial contra la citada Cámara, produjo un alineamiento casi automático de gran parte de la corporación jurídica en todos sus andariveles: camaristas de todo el país, representantes de colegios o asociaciones de profesionales y expresiones individuales del establishment del mundo en cuestión.
Incluso la actual composición de la Corte, en donde tuvo mucho que ver Néstor Kirchner, sintió la necesidad de demandar mesura en los dichos para recurrir a la vapuleada fórmula de la defensa de la independencia del Poder Judicial, utilizada por todas las administraciones desde la restauración democrática del 83.
Además de las lógicas reacciones de los protagonistas involucrados, como el presidente de la Cámara cuestionada, Alberto Bisordi, quien es acusado de tener vinculaciones con personajes con alto perfil durante el proceso militar, sectores de la oposición aprovecharon la oportunidad para criticar el supuesto estilo confrontativo del Ejecutivo.
Allí, se anotaron desde Mauricio Macri y Elisa Carrió hasta Roberto Lavagna. Extrañamente el radicalismo, salió a compartir su preocupación por la demora en la resolución de las causas, en voz del presidente de su Comité Nacional, el senador jujeño Gerardo Morales.
Pero la solicitud de una oportuna licencia de Bisordi, en medio de la polémica desatada, generó un replanteo en el centenario partido ante el temor de ser cómplice en maniobras de presión sobre la Justicia.
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